15 de octubre 2026
Texto: Héctor Silva Ávalos – Ilustración: Jonathan Gómez
“Estoy desesperada, no hallo cómo saber si está bien.”
La mujer me volvió a escribir tarde una noche de septiembre. Llevábamos unos cuatro meses hablando por teléfono e intercambiando mensajes. La llamaré Doña Rosa para proteger su identidad. Es la madre de un joven al que la policía de Nayib Bukele, el presidente salvadoreño, arrestó hace dos años, unos días antes de Nochebuena. La última vez que hablamos, Doña Rosa tenía al menos un mes sin noticias de Pedro, su hijo mayor.
La historia de Doña Rosa y su hijo es una que habla de toda la oscuridad que se esconde tras los escándalos propagandísticos del gobierno de El Salvador, que vende sus logros en seguridad como un milagro digno de imitar.
Es una historia muy parecida a la que me han contado una docena de madres en los últimos meses. La policía salvadoreña llega a las casas de los barrios más pobres del país y, sin explicaciones, captura a jóvenes a los que acusa de ser pandilleros. Los presos desaparecen en el masivo sistema carcelario montado por Bukele, que hoy es modelo para las derechas latinoamericanas.
Aunque no sabe dónde están, todos los meses, estas madres, van a las cárceles a dejar paquetes de productos higiénicos y comida o dinero en efectivo del que nadie les da cuentas. La única “prueba” sobre la vida de sus hijos suele ser un nombre escrito en un papel, muchas veces sin ningún distintivo oficial, que les muestra un guardia.
Como Doña Rosa hay centenares de mujeres que, en El Salvador, buscan a hijos capturados durante el régimen de excepción que el gobierno decretó en marzo de 2022, bajo el que el país ha vivido desde entonces, sin derechos constitucionales para responder a acusaciones penales montadas, a veces, con un acta policial como única prueba y sin derecho al debido proceso.
Desde que llegó al poder en 2019, Nayib Bukele ordenó el encarcelamiento de más de de 90.000 personas, la tasa de encarcelamiento más alta del mundo, según World Prison Brief.
Este es un régimen al amparo del cual Bukele se reeligió de forma ilegítima en 2024 y que le ha servido de marco legal para cambiar a su antojo la constitución, trastocar las reglas del juego electoral y ampliar periodos presidenciales indefinidamente.
Nadie en el país se le opone: el presidente ya controla por completo el poder judicial, el legislativo, el ministerio público, la policía, las fuerzas armadas y hasta el sector privado.
Al mundo Bukele le ha contado una historia fantástica. Lo hizo a través de una máquina propagandística que construyó con dinero público sobre las cenizas del periodismo y la sociedad civil a la que el aparato represor del presidente también metió en la cárcel o exilió. Una historia que es, en esencia, mentira.
Esa historia, la de la narrativa oficial, cuenta un país que pasó de ser uno de los más violentos del mundo a una especie de paraíso tropical maduro para la inversión extranjera, el turismo internacional y el desarrollo humano. Y hay algo más que El Salvador ofrece como ítem exclusivo en su portafolio: sus cárceles, las mismas en las que languidecen los hijos de mujeres como Doña Rosa, y, entre esas cárceles, la joya de la corona, el Centro para Confinamiento del Terrorismo (CECOT), un recinto de máxima seguridad en la que, se supone, Bukele ha encerrado a los más malos entre los malos.
El CECOT fue la principal moneda de cambio en el trato político que Bukele y Marco Rubio, el secretario de estado de Donald Trump, sellaron durante una reunión en una lujosa casa en el Lago Coatepeque de El Salvador a inicios de 2025. A cambio de espacio para deportados venezolanos en el CECOT, el presidente salvadoreño pidió que le devolvieran a jefes pandilleros presos en Nueva York que podían delatar un pacto de gobernabilidad que está a la base de la paz conseguida en El Salvador. Bukele pidió también dinero y el espaldarazo de Washington durante la segunda administración Trump. Estadounidenses y salvadoreños salieron contentos de aquel retiro lacustre. Rubio con su cárcel alquilada y el joven presidente con carta blanca para seguir gobernando sin reclamos. Quienes terminaron de perder fueron los presos. Y sus madres.
Cuando Doña Rosa me escribió hace unas semanas me volvió a contar que seguía sin saber algo de Pedro. Esta mujer ha encontrado posibilidades para intercambiar mensajes con su hijo; oportunidades proveídas por la corrupción extendida en las cárceles salvadoreñas, donde hay redes de guardias y funcionarios que cobran miles de dólares por sacar mensajes e, incluso, permitir visitas. Lo únco que sabe es a través de unas notas que recibió y guarda esperanza que sean realmente de su hijo, pero no lo sabe.
“Me dicen que le entregan el pisto (dinero) y que eso me da indicación de que está vivo”, suelta cargada de la esperanza de madre latinoamericana que ha decidido, pase lo que pase, no entregarse a la resignación.
Bukele y su gente presentan a su red de cárceles como la piedra central de una estrategia de seguridad pública que logró, casi milagrosamente, traer seguridad.
Al centro del discurso está la baja en los homicidios, sostenida desde 2015, cuatro años antes de que Bukele asumiera el poder. Y sostenida en un conteo cuya veracidad es imposible de comprobar. Semanalmente, los funcionarios de Bukele y su policía publican cifras según las cuales apenas muere gente de forma violenta en El Salvador. En esos números, sin embargo, el gobierno no cuenta los cadáveres de personas que han muerto en enfrentamientos con la fuerza pública, a la mayoría de los fallecidos en las prisiones ni a los encontrados en fosas clandestinas. Tampoco cuentan a las personas desaparecidas.
Dicen que en El Salvador hoy se pueden hacer cosas que antes no, como conciertos de grupos y cantantes famosos o campeonatos de surf. Desde que el país firmó la paz en 1992, tras la guerra civil que duró 12 años, a San Salvador han llegado desde Iron Maiden hasta Café Tacvba y Fito Páez, y campeonatos de surf hay desde principios de siglo. Mucho antes de Bukele.
Caminar se camina en San Salvador y en los destinos turísticos. Se camina sin miedo a las pandillas, es cierto. También ocurría antes: ahí donde la clase media y los ricos paseaban, comían y trasnochaban las pandillas no vivían ni actuaban. Las pandillas vivían en los mismos barrios en que viven Doña Rosa y la mayoría de las madres de los desaparecidos. Antes, Doña Rosa le tenía miedo a las pandillas, hoy le teme a los policías que le desaparecieron al hijo. Es el mismo miedo aunque los monstruos sean diferentes.
Cuando se le sopla el polvo y la purpurina al planfeto que vende Bukele, lo que queda es un país como una casa llena de habitaciones oscuras donde la pobreza, el robo sin contemplaciones del dinero público, la violencia estatal y la represión al disenso son los mismos que El Salvador ha conocido en sus peores años. Lo que queda es un país que sigue lleno de víctimas, de madres con hijos desaparecidos de los que no se puede hablar.
Latinoamérica, o al menos la que está gobernada por derechas como las de Javier Milei, Abelardo De la Espriella, Keiko Fujimori o Daniel Noboa, se llena la boca con el modelo Bukele, con sus cárceles. En Honduras, el presidente Nasry Asfura, también de derecha, incluso tiene planes ya dibujados para hacer algo como el CECOT. Todos quieren el modelo Bukele. Lo importante es anotar que las cárceles son solo parte del panfleto; la receta también incluye la concentración del poder en uno solo, la anulación del “enemigo interno”, ese término laxo que bien puede describir a un periodista, un activista, una defensora de derechos humanos o a un taxista pillado esparciendo malas opiniones sobre el líder, el espionaje doméstico, la cárcel indefinida, juicios masivos sin debido proceso, exilios.
En fin, es la vuelta a la América Latina del siglo XX, al Brasil de los militares, a la Argentina de Videla, a la Venezuela de Chávez, a la Guatemala de Ríos Montt. Ese pasado es El Salvador del presente en el que vive Doña Rosa, madre de Pedro, desaparecido. Y puede ser el futuro de argentinos, ecuatorianos, peruanos y colombianos enamorados del panfleto.
