29 de octubre de 2026
Texto: Josefina Salomón Fotos: Patricio A. Cabezas Ilustración: Jonathan Gómez
Llovizna y las calles de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires, Argentina, están casi vacías. Todas menos una, en la que un grupo de personas de todas las edades camina hacia una casa de ladrillo a la vista. Casa Esquina Libertad tiene un amplio patio con pasto y un gran paredón decorado con una serie de murales que el equipo hizo junto a la comunidad durante una jornada de salud.
La gente llega para participar de una sesión de terapia de grupo, parte de un tratamiento integral para abordar consumos problemáticos.
Bárbara Montenegro, una de las coordinadoras del espacio, reparte bienvenidas individuales. Conoce bien a cada persona, recuerda los más mínimos detalles que le compartieron de sus vidas — los buenos y los malos.
El espacio comunitario, que nació cuando un grupo de mujeres que organizaron una olla popular para la comunidad durante la pandemia de COVID-19 identificó un aumento del consumo de drogas entre jóvenes del barrio, funciona desde 2020, tras un convenio firmado con la SEDRONAR, la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de Argentina.
Apenas abrió, se corrió la voz en el barrio y en el resto del conurbano y la gente empezó a llegar, atraída por el abordaje comunitario e integral que ofrecen.
“Para mí, venir acá tiene que ver con cuidar mi salud. Si me duele la panza, voy al médico y si estoy mal de lo otro, vengo acá. Me lo recomendó una amiga”, dice un joven en tratamiento.
Bárbara está orgullosa del tipo de cuidado que ofrecen.
“Abordamos el consumo desde la Ley Nacional de Salud Mental y no desde un paradigma abstencionista que entiende que la única respuesta es el castigo o el encierro. Entendemos que una internación es una herramienta necesaria para algunas personas, pero es el último recurso”, explica.
El equipo, que incluye psicólogos, abogados, talleristas y personas voluntarias, también hace recorridos por los barrios. Sus miembros hablan con mamás, y coordinadoras de comedores populares, tejen redes para identificar a personas que puedan beneficiarse de un tratamiento. Las personas llegan derivadas por juzgados, centro de salud, hospitales, organismos de promoción y protección de los derechos de las infancias (la mayoría), el patronato de liberados, demanda espontánea, sugerencia de amigos o familia, entre otros medios.
“Nuestro abordaje es más personalizado, porque no hay una única forma de tratamiento que funcione para todas las personas. Trabajamos desde las grupalidades, con acompañamiento de la escucha grupal. Eso ayuda a formar replicadores. Te recibimos con un mate, unas tortas fritas, una sonrisa y mucha escucha. Eso hace una gran diferencia: es importante que sea un espacio abierto, que la gente pueda ir y venir, que pueda traer a sus hijos”.
Trabajan con la idea de brindar apoyo a largo plazo: “La recaída es parte del proceso. Esto no es algo que se cura de repente”.
“Se trata de que ellos mismos puedan reconocer lo que les hace mal y saber cómo modificar esos hábitos para reducir riesgos, reducir el consumo, porque sabemos que el consumo no se va a acabar porque vengan dos días acá. Lo importante es ir reduciendo ese consumo, ir pensando estrategias que les ayuden todo el tiempo a que eso se vaya dando de a poco. No hay respuestas mágicas. Convivimos con el consumo y con las sustancias”, explica.
Durante décadas, Argentina ocupó un lugar marginal en el mapa regional de producción y tráfico de drogas, pero en los últimos años, las cosas han cambiado drásticamente. La ubicación estratégica de Argentina entre los países cultivadores y los mercados más lucrativos del mundo, en Europa y Oceanía, sumada a otros factores, como las vías de transporte y la corrupción, la han transformado en un centro clave de producción, almacenamiento y distribución.
Estar en el centro del mapa también significa que hay más drogas disponibles, lo que, a su vez, ha generado una explosión en el mercado de consumo.
“Hay una normalización del consumo. Vemos muchas familias en las que padres e hijos consumen. Lo que más se ve es alcohol y cocaína, más recientemente acompañada también por otras sustancias, pero casi siempre acompañada de cocaína”, explica Michel Apioli, uno de los psicólogos de Casa Esquina Libertad.
Al mismo tiempo, el recorte drástico de programas sociales, incluídos los dedicados a proveer alimentos para comedores, así como los recortes a los presupuestos para educación y salud, y en los subsidios para el transporte, la caída de la actividad económica y el aumento del endeudamiento desde la llegada del presidente Javier Milei al gobierno, a fines de 2023, han impactado particularmente en las poblaciones más vulneradas. El gobierno dice que los recortes eran necesarios para equilibrar las cuentas. En los barrios, el impacto de las medidas se siente por todos lados. Entre otras cosas, la ausencia del Estado le abrió las puertas al narco para cubrir espacios clave.
Expertas explicaron a La Veta que, cuando el Estado se retira y, a través de sus políticas, genera más necesidades, el narco local identifica una oportunidad para controlar territorios, lo que, a su vez, le permite operar de manera más eficiente, reclutar “mano de obra” barata y obediente y captar consumidores.
El relato se repite en los barrios del Gran Buenos Aires. Cuando dejan de llegar alimentos a un comedor comunitario, el narco local llega y ofrece ayuda. La mayoría de las organizaciones dice que no acepta esas ofertas, pero “cuando no queda otra, hay mucha gente que está agarrando”, explicaron en varios espacios.
Así lo explica Carla, quien trabaja en territorio como parte de una agencia gubernamental y pidió cambiar su nombre.
“Hay más droga en la calle, sí, pero también hay recortes en los subsidios para los comedores, cuestiones que hacen que empeoren las condiciones de salud y educación, hay mucha gente que se quedó en la calle. Todo eso contribuye también”, explica.
“Hace poco tuve un paciente que ilustra muy bien lo que está pasando,” dice una psicóloga que pidió que no usáramos su nombre. “Era un chico de 20 y tantos años. Me dice que hay muchas oportunidades laborales en el reparto si tenés una bici o una motito. Me dice: ‘Con el reparto gano esto y si vendo (drogas) gano mucho más’. Me lo pone en términos numéricos y, ¿cómo querés que le discuta eso? Yo lo que le digo es: ‘Si vendes vendés, consumís consumís’. Esa es una encerrona trágica constante y es muy difícil encontrarle una salida argumentativa dadas las condiciones de existencia de estos pibes”.
Bárbara dice que en los últimos años la venta se hizo más visible en los barrios.
“Antes uno no sabía dónde estaba el transa. Pero ahora sabemos, en la casa de Merlo norte tenemos un búnker a la vuelta y ellos saben que nosotros sabemos. En los barrios convivimos con el transa. Acá nos ha pasado que vino una persona que sabemos que vendía. No sabemos para qué vino, pero acá convivimos con eso. Cuando el Estado se corre y deja de implementar políticas públicas para la gente, para los pibes, avanza el narco a ocupar ese lugar, sin duda”.
En el área de salud y acompañamiento de personas que atraviesan consumos problemáticos, los recortes también han sido drásticos. Desde enero de 2024, se cerraron convenios con más de 30 dispositivos como Casa Esquina Libertad, que sigue ofreciendo servicios, como pueden. La mayoría sobrevive gracias al apoyo de organizaciones sociales, que también enfrentan sus propias dificultades.
“Con los recortes tuvimos que reducir horarios y días. Antes ofrecíamos meriendas, pero ya no tenemos con qué sostener eso. Todo está costando mucho, a veces la gente no viene porque no tiene plata para el transporte o tienen que usar lo poco que tienen para comprar comida”, explica Bárbara.
En otros barrios populares se repite la misma historia. Salas de atención de consumos problemáticos que se quedan sin profesionales, que no pueden atender la demanda, ni ofrecer espacios para jóvenes con pocas opciones.
El impacto de los recortes es visible en el Hospital Bonaparte, el principal hospital nacional de atención de salud mental, especializado en consumos problemáticos. Ubicado en el sur de la Ciudad de Buenos Aires, es un conjunto de edificios, con zonas de internación y amplias zonas verdes.
Hoy es una sombra de lo que era hace apenas tres años.
Los pocos pacientes que quedan caminan por los pasillos de las salas que todavía están abiertas, al lado de una zona “fantasma” de dormitorios que parecen nuevos, pero cuyas camas están vacías. Hay un centro cultural que solía dar talleres y ahora está vacío, sus paredes decoradas con retratos viejos. Un pequeño grupo hace ejercicios en el enorme parque, rodeados de árboles que cargan muchos años en sus ramas.
En 2025, el gobierno de Milei ordenó un drástico recorte al presupuesto del hospital. A pesar de las protestas del personal, se despidió a cientos de los profesionales que trabajaban allí. Los que quedaron, muchos con contratos precarios, intentan sostener el servicio a fuerza de voluntad y entrega.
“Están esperando que todo se desgaste, que se caiga solo», dice Pablo Catalán, uno de los médicos que trabaja en salud mental desde hace años. “Es muy triste y muy duro”.
Catalán dice que sin presupuesto todo es cuesta arriba. Esto limita la cantidad de personas que pueden atender, aunque la demanda sigue creciendo.
“Antes atendíamos a población excluida y ahora viene gente con familia, gente que no puede pagar la prepaga. Gente de clase media y clase media alta. El contexto general influye y tiene su efecto en la salud mental”, explica.
La situación económica y los recortes también impactan en el sector profesional y en lo que sus integrantes pueden hacer para ayudar. A ellos tampoco les alcanza para vivir, muchos buscan un trabajo extra, o varios. Otros renuncian completamente.
Carla, de la agencia gubernamental, dice que la pregunta tiene que ver con la política de drogas del gobierno y con si está enfocada en la oferta o en la demanda.
“Ellos (el gobierno) consideran que si consumís y te drogas es un tema individual, y desde ese punto de vista consideran que no tienen que hacerse cargo de eso. Y el enfoque está puesto en lo punitivo, pero la realidad es que es muy difícil pensar la salud en términos individuales, así no funciona”, dice.
Cuando los dispositivos a nivel nacional no pueden ofrecer tratamientos, las personas que los necesitan vuelven a los dispositivos en los barrios, lo que genera más presión para los que están intentando atender con cada vez menos recursos.
“No debería ser así”, dice Bárbara, quien también tiene varios trabajos para sostenerse. “La salud es un derecho”.
“¿Cómo hago para seguir?” dice, repitiendo la pregunta en voz alta “Es una decisión, un compromiso de militar la salud mental todo el tiempo”.
“Es terrible, pero seguimos”, afirma, y respira hondo, termina el mate y se prepara para entrar en la próxima sesión, con el grupo que la espera.
