19 de agosto del 2026
Por: Josefina Salomón – Fotos: Patricio A. Cabezas
La población carcelaria está aumentando en todo el mundo. Mientras algunos gobiernos dicen que el encarcelamiento es la herramienta más eficaz para abordar el crimen, analistas afirman que por sí solo, no hace más que alimentar el ciclo de la violencia y que la educación es la mejor estrategia de transformación. Aquí las personas detrás de algunos de los proyectos más innovadores y los desafíos que enfrentan.
Diego Cepeda, de 39 años, nunca había pensado en ir a la universidad, y mucho menos en ser abogado. Una tarde, mientras terminaba el bachillerato en la única prisión federal de la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, miró por la pequeña ventana hacia un patio donde un grupo otros privados de libertad jugaba al fútbol. Practicaban durante dos horas todos los días.
“Quiero estar allí”, se dijo.
“Allí” era el Centro Universitario Devoto –el CUD, como lo llaman todos–, el primer programa de educación superior en una cárcel de Argentina, y uno de los primeros de América Latina.
Mientras cumplen sus condenas, los reclusos pueden estudiar y obtener títulos en economía, psicología, filosofía y letras, sociología y derecho, además de participar en talleres, conferencias y seminarios. Profesores de la Universidad de Buenos Aires, la mayor institución educativa pública de Argentina, imparten los cursos, pero son los estudiantes quienes se encargan del programa y del espacio: buscan a posibles alumnos, limpian, preparan las comidas y organizan eventos con personas “de fuera”.
Cepeda, quien ya había pasado tiempo en otras prisiones, fue trasladado a Devoto en 2008. Tenía 23 años. Vio en el CUD una oportunidad para desarrollar nuevas herramientas para la vida fuera de la cárcel. Empezó a asistir a talleres de informática, a ayudar en la cocina, a limpiar. Con el tiempo, se matriculó en Ciencias Exactas.La idea era pasar el mayor tiempo posible fuera del pabellón donde vivía, uno de los más violentos de la prisión. Su principal objetivo era sobrevivir.
“Quería pasar todo el tiempo que podía en el CUD. Ahí hay eventos, entra gente de afuera con la que podés hablar, que trae ideas nuevas. Ahí se rompe la lógica del encierro. No deja de ser una cárcel, pero es diferente. Te saca de la realidad del día a día. Para mí era un cable a tierra”, dice Cepeda, recordando el momento en el que su experiencia en el encierro cambió.
Para llegar al CUD hay que atravesar tres enormes puertas de rejas, dos detectores de metales y décadas de historia. Detrás de la última puerta, de barrotes gruesos de hierro negro, todo cambia. Los guardias, y la prisión, quedan atrás.
Las paredes del amplio pasillo principal están atiborradas de carteles que anuncian eventos, calendarios de cursos, consejos generales. Una carta manuscrita del Papa Francisco, escrita en 2023, cuelga al lado de la oficina principal. Cada una de las facultades que componen el CUD tiene sus propias aulas con mesas, sillas y pizarras. Hay libros, cuadernos, materiales. También hay una gran sala donde se celebran reuniones y actos.
Al final, un cartel con los nombres de las 50 personas que se han graduado desde que se inauguró la universidad en 1985, cuando un grupo de estudiantes negoció con profesores recién llegados desde exilio al final de la dictadura más reciente, y brutal, que vivió Argentina, abrir la primera universidad gratuita dentro de una cárcel en América Latina. Los reclusos reformaron, con su propio trabajo y dinero, lo que antes era un ala abandonada de la prisión. Fue un esfuerzo colectivo, “muy impresionante”, según recuerdan profesores y exalumnos muchos años después.
El lugar es un abismo al lado del resto del complejo penitenciario, donde 1.506 personas sobreviven a la falta de espacio y a las malas condiciones edilicias, entre otros muchos problemas, según el último informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación. El complejo, que fue un centro clandestino de detención y tortura durante la última dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983, está situado en una zona residencial codiciada de Buenos Aires.
Construir ciudadanía
Los programas de educación en contexto de encierro están ganando popularidad en muchos países, donde gobiernos buscan formas alternativas de impartir justicia en un contexto de aumento de la población carcelaria mundial.
En Argentina, por ejemplo, el número de personas encarceladas se cuadruplicó entre 1996 y 2022 y continuó aumentando desde 2023. La mayoría está en prisión preventiva, sin condena. Una gran proporción no terminó la secundaria y proviene de entornos marginalizados. El impacto del encarcelamiento es especialmente duro para las mujeres, quienes suelen ser cabeza de familia, y para las personas trans, quienes se enfrentan a diversas formas de discriminación. La situación en Argentina es ilustrativa de lo que ocurre en las cárceles de toda América Latina, y del mundo.
Quienes trabajan en proyectos de educación en cárceles dicen que el aprendizaje es una parte esencial de cualquier estrategia que busque fomentar la justicia y reducir la violencia.
Una de ellas es Baz Dreisinger, periodista, escritora y fundadora de Incarcerations Nations Network (INN), una organización con presencia en una docena de países de todo el mundo que investiga, difunde y promueve iniciativas innovadoras de justicia y reforma penitenciaria.
Dreisinger lo ha visto todo. Desde programas de literatura y teatro en cárceles de mujeres de Tailandia hasta proyectos de justicia restaurativa entre víctimas del genocidio ruandés y sus agresores e iniciativas de educación en centros de reclusión semiabiertos de Australia.
“Hay muchos programas en todo el mundo que me impresionan. Los de Justice Defenders en Kenia y Uganda, que ofrecen carreras de Derecho, por ejemplo, son revolucionarios porque capacitan a las personas encarceladas y a sus comunidades, que también acaban beneficiándose. En Estados Unidos también hay muy buenos ejemplos de programas que se rediseñaron con la idea de la reinserción, de ayudar a los presos a completar sus estudios cuando regresan a sus comunidades y así beneficiarlas también a ellas”, explica Dreisinger.
Dyjuan Tatro, responsable de asuntos gubernamentales de la Bard Prison Initiative, un programa que ofrece a personas encarceladas en prisiones de Nueva York acceso gratuito a la universidad dice que la educación en prisión ayuda muchas personas a superar el racismo y la pobreza que contribuyeron a que terminaran, en algunos casos, en la cárcel.
“La educación cambia radicalmente la trayectoria de una vida. Las personas que obtienen un título en prisión no sólo tienen uno de los índices de reincidencia más bajos, sino que, lo que es más importante, obtienen los mejores resultados tras recuperar su libertad”, explica.
Al igual que Cepeda en Argentina, Tatro afirma que poder estudiar mientras estaba en prisión le dio un gran objetivo por el que trabajar.
“Las prisiones destruyen el orgullo de una persona. Las cárceles aíslan y marginan a la gente aún más de lo que ya estaba. Para mí, entrar en una clase de Bard fue como salir de la cárcel, liberó mi mente y mi alma. Ser estudiante, y no preso, me hacía sentir orgulloso. Sentarme en esas aulas me conectaba con mis compañeros y con el mundo. La universidad es la antítesis de la cárcel”.
Los programas más exitosos son los que tienden a ir más allá de los aspectos puramente académicos. Es lo que Ramiro Gual, investigador y profesor de Derecho en la Universidad de Buenos Aires, quien imparte clases en Devoto desde 2016, denomina “construcción de ciudadanía”.
“En Argentina, la gestión (de los programas de educación) queda en mano de los alumnos y ahí es donde generan un montón de capacidades y de saberes que les permiten, el día de mañana, armar su propio proyecto, su cooperativa, por ejemplo”, explica Gual.
En Argentina, el CUD y el CUSAM, una universidad que funciona en la Unidad 48 de San Martín, en el Gran Buenos Aires, tienen centros de estudiantes que funcionan de forma independiente, con normas y elecciones de representantes que interceden ante las autoridades cuando los estudiantes tienen pedidos específicos. Así, los programas no sólo crean profesionales, sino también ciudadanos capaces de defender sus derechos y los de sus comunidades.
La vida después de la cárcel
Recuperar la libertad es un proceso complejo para la mayoría de las personas que pasan por la cárcel. Los estados suelen prestar poco apoyo a quienes necesitan reencontrarse con sus familias y comunidades, o conseguir trabajo, lo que resulta especialmente difícil para las personas con antecedentes penales.
En Argentina, existe una agencia gubernamental que, en teoría, acompaña el proceso, ayuda a quienes recuperan la libertad a encontrar trabajo y recuperar sus vínculos sociales. En la práctica, la falta de recursos y, en algunos casos, de voluntad política en un contexto de crisis económica, no ayudan.
Cuando, en 2016, Diego Cepeda empezó a considerar sus opciones y lo que vendría después del encierro, vio que los abogados que estudiaban en el CUD tenían más posibilidades de trabajar porque podían hacerlo de manera independiente, a pesar de tener antecedentes penales.
Ser estudiante de Derecho también le ayudó a mejorar su día a día en el pabellón donde vivía, al que define como particularmente violento.
“Les fui sirviendo a los pibes del pabellón porque llevaba información. En el CUD podía consultar el Código Penal, hacer preguntas sobre sus casos, les servía como asesor”, explica.
Al estudiar derecho, pudo manejar mejor su propio proceso legal y ayudar a otros reclusos con reclamos individuales y colectivos. Hoy, entre sus clientes hay personas actualmente alojadas en Devoto. Lo eligen porque entiende, por experiencia, lo que necesitan, mucho mejor que alguien que no experimentó el encierro.
Cepeda se graduó en 2021, cuando las medidas de aislamiento de la pandemia aún estaban vigentes en las cárceles argentinas. Fue liberado unos meses después. Explica que recuperar la libertad con la herramienta de un título le dio algo sobre lo que construir, una esperanza.
No todos tienen la misma experiencia.
Silvana Ortiz, quien fue liberada de la Unidad 46 de San Martín en 2023, dice que, para las mujeres, que en su mayoría son jefas de hogar, en general los desafíos que vienen después de salir de prisión son aún mayores.
“Cuando salí busqué trabajo por todos lados, pero no había nada. En el patronato me habían dicho que me iban a ayudar, pero no salía nada. Hay muchos casos de mujeres que por esto mismo después de salir en libertad dicen que estaban mejor en la cárcel que fuera”, dice.
Las cosas cambiaron cuando alguien le recomendó que se acercara a Esquina Libertad, una cooperativa de impresión y producción audiovisual integrada por personas privadas de libertad, liberadas y sus familiares. La Coope, como la llaman todos, se formó en 2010 en respuesta a una necesidad que habían detectado familiares durante conversaciones cuando hacían fila afuera de la cárcel de Devoto, mientras esperaban para visitar a sus seres queridos. Hoy unas 500 personas son parte de la cooperativa productiva y colaboran estrechamente con proyectos educativos en media docena de cárceles, entre ellas Devoto y San Martín, donde funciona el Centro Universitario San Martín (CUSAM).
CUSAM, la universidad dentro de la prisión de San Martín, es otro proyecto educativo que pone el acento en lo que ocurre después del encierro.
“Esta es como cualquier otra universidad, la diferencia es que está ubicada dentro de una cárcel”, dice Matías Bruno, profesor de la Universidad Nacional que trabaja en el CUSAM.
En sus aulas, hombres, mujeres e incluso guardias estudian juntos y pueden elegir entre trabajo social, sociología o una docena de talleres. No sólo se hace hincapié en los logros académicos, el CUSAM anima a quienes estudian a utilizar lo que aprenden para desarrollar proyectos en beneficio de sus comunidades.
Uno de ellos es la biblioteca pública de La Carcova, un barrio popular cercano a la prisión, creada por el sociólogo Waldemar Cubilla tras salir de la cárcel.
Cubilla, quien nació en La Carcova, un asentamiento informal construido junto al mayor vertedero a cielo abierto del país, creció durante una de las peores crisis económicas de Argentina en los años 90.
En cuatro años, la economía se contrajo casi un 28%. En respuesta a la brutal caída del consumo, muchas fábricas cerraban y la pobreza explotó. Como muchos habitantes de La Carcova, Cubilla, quien era un adolescente, ayudaba a su familia a sobrevivir buscando cosas para vender o comida en el basural. Finalmente recurrió al robo, junto con otros adolescentes del barrio.
A los 23 años, Cubilla ya había sido detenido dos veces por robo a mano armada. La primera vez, cuando tenía 14 años, le costó un mes en un centro de menores. La segunda, pasó cinco años en una prisión de máxima seguridad. A pesar de todo, mantenía su amor por la lectura.
“En su mochila siempre llevaba una pistola y un libro”, dice Gisela Pérez, su pareja.
En la cárcel, Cubilla terminó el secundario, y convenció al director que le permitiera acceder al material de lectura de la carrera de Derecho. Cuando recuperó la libertad, en 2005, se matriculó en una universidad privada para terminar la carrera, pero el dinero escaseaba, y volvió a lo que sabía: robar autos para mantener a su familia y pagar la cuota de la universidad.
La tercera vez que fue detenido, Cubilla fue enviado a la Unidad 48 de San Martín, donde se encontró con otros presos que conocía y descubrió que ellos también querían estudiar.
Había muchos que no sabían leer ni escribir», recuerda. «Recibían documentación sobre sus casos y no podían entender lo que estaba escrito, así que era importante hacer algo».
Así, Cubilla fue parte de un grupo de internos que contribuyó a la apertura del CUSAM
“Se trató de mucho más que de estudiar”, explica Cubilla. “Recuerdo que, cuando salía de mi celda, aprovechaba para hablar con otros presos, ver qué necesitaban. Hablar de la universidad era una excusa para fomentar mejores relaciones entre la gente de la cárcel, y contribuyó a reducir la violencia”.
Pero aun para Cubilla, la vida fuera de la cárcel cuando recuperó la libertad, con su título de sociología, en 2011 fue difícil.
“La vida había cambiado para la mayoría de nosotros. Teníamos nuevos trabajos que nos mantenían ocupados y criando hijos”, explicó Pérez. “Para Waldemar fue difícil encontrar un nuevo espacio, un nuevo rol entre todo eso”.
Hasta que un día un amigo le sugirió: “Te gustan los libros. ¿Por qué no abrís una biblioteca acá?
“Al principio la gente pensaba que estábamos locos, pero yo sabía que la biblioteca era una buena idea. Había funcionado en la prisión e iba a funcionar acá”, dijo.
Ahora, la biblioteca popular y centro cultural es un edificio de tres habitaciones grandes ubicado en una parte del barrio donde antes solo había basura. Se encuentra junto a un santuario al aire libre dedicado a Gauchito Gil, un héroe popular argentino que solía quitarles a los ricos para dárselo a los pobres.
“No somos una biblioteca convencional, un espacio silencioso donde podés encontrar libros todos bien organizados”, dice Gisela. “Somos una biblioteca que construye comunidad, donde podés venir a aprender pero también encontrar apoyo. Estamos tratando de ofrecer alternativas a los jóvenes que la están pasando mal”.
Desafíos
Algo menos de 1,000 personas privadas de libertad estudian carreras universitarias entre el CUD y el CUSAM, una proporción ínfima del total de personas encarceladas. Los programas no tienen cupos límites, el único requisito es haber terminado el bachillerato. Paradójicamente, la demanda no desborda la capacidad del espacio. El compromiso y la dinámica de estos espacios no son para todos.
Conseguir alumnos no es el único reto al que se enfrentan estos programas. En Argentina, por ejemplo, el principal problema es la falta de recursos, ya que su financiamiento depende de lo que cada facultad pueda dedicarles y, en gran medida, del compromiso personal del profesorado.
Las preguntas sobre el futuro son una constante en las conversaciones con profesores, alumnos y liberados.
Desde que llegó a la presidencia a finales de 2023, el presidente de ultraderecha Javier Milei recortó drásticamente el gasto público, incluyendo el financiamiento a universidades públicas, lo que ha afectado a los programas que funcionan desde las cárceles.
Los ataques no terminaron ahí.
En 2025, el ministerio de seguridad intentó limitar el acceso a los centros de educación universitaria en centros de detención. La medida logró revertirse poco después tras un recurso presentado por organizaciones de derechos humanos.
Los programas educativos luchan por mantener su espacio mientras las políticas punitivas ganan popularidad en casi todo el mundo. Quienes están detrás de los programas saben que la propuesta no siempre es inmediatamente popular, que muchos lo ven como una pérdida de tiempo y recursos. Sus defensores aseguran que eso responde a la falta de un debate informado.
“La gente tiene la fantasía de que cuando alguien sale de la cárcel después de 15 años viviendo en condiciones terribles y tiene antecedentes penales por otros 10 años, que después de todo eso de alguna manera podrá encontrar un trabajo de oficina bien remunerado en una zona agradable de la ciudad”, dice Matías Bruno, profesor del CUSAM.
“Pero eso no es lo que pasa. En CUSAM proponemos un enfoque diferente. La educación, finalmente, es la mejor política de seguridad porque le da a la gente las herramientas necesarias para alejarse del delito.”
Cepeda, quien se recibió de abogado penalista en el CUD, es uno de los ejemplos de lo que la educación puede lograr, aunque nada es fácil. Ya tiene clientes, pero encontrar trabajo es complicado, dice. Sin embargo, sigue construyendo hacia el futuro.
“La experiencia en la cárcel, y en el después, es abismalmente diferente entre quienes tienen acceso al estudio y los que no. Un título no te hace más o mejor que nadie, pero te cambia la vida”, dice, mientras se prepara para volver a Devoto a visitar a sus representados.
La versión original de este artículo fue publicada en In.Visibles, con el apoyo de la Bard Prison Initiative y Incarceration Nations.
