15 de octubre 2026
Texto: Josefina Salomón Fotos: Patricio A. Cabezas Ilustración: Jonathan Gómez
A primera vista, la casa del papá de Mariana*, ubicada en un barrio popular en las afueras de La Plata, la capital de la provincia de Buenos Aires, es casi como cualquier otra de la zona. Una reja negra separa la calle de un pequeño patio, donde conviven un auto blanco y una docena de macetas que sostienen una variedad de plantas a medio crecer.
Un perro blanco enorme aparece raudo apenas escucha el timbre, que suena fuerte y retumba por la pequeña casa. Detrás del perro sale una niña que viste un conjunto de pantalón y remera rosa y rojo, su largo pelo marrón oscuro peinado en dos trenzas perfectas.
“Mi mamá no puede salir!” grita, en lo que ataja al perro, que nos saluda a los saltos y ladridos.
Amarilis Alayo, referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), un movimiento social de base que trabaja en todo el país, y una representante del patronato de liberados, la institución estatal que intenta velar por el bienestar de quienes recuperaron su libertad, se ríen. Abrazan y besan a la niña, mientras cargan bolsas con verduras, frutas y alimentos no perecederos que cuidadosamente seleccionaron de las cajas que llevan en el baúl del auto donde viajamos.
Ya vinieron varias veces a esta casa.
Adentro, Mariana, 34, la mamá de la nena de las trenzas, nos da la bienvenida con mate.
Desde enero de 2025, estas paredes se transformaron en su cárcel. Acá espera que la justicia se expida sobre los cargos de tenencia de drogas para la venta que le levantaron hace dos años.
“Fue la necesidad económica que me llevó a hacer lo que hacía, porque me encontraba sola, porque no podía conseguir un trabajo estable y lamentablemente no tenía otros recursos. A veces las circunstancias de la vida te llevan a hacer cosas que no son buenas, pero a veces no te queda otra,” dice.
Estuvo seis meses detenida en una alcaldía hasta que el juzgado le aprobó la domiciliaria, un beneficio para personas que tienen a otras a su cargo, en general madres jefas de hogares monoparentales.
Desde entonces, vive confinada en su casa. Una pequeña sala que es comedor y cocina, la habitación que comparte con su hija y la otra, donde vive su papá, un señor mayor con problemas de salud. Hay un baño y atrás un pequeño patio.
Bajo el régimen de prisión domiciliaria, la casa funciona como un perímetro y sus movimientos se controlan a través de una tobillera de plástico negra que lleva debajo del pantalón. “Siempre muy ajustada, tanto que lastima”, según dijeron varias mujeres que visitamos.
Si Mariana sale del perímetro, un aparato que parece un teléfono y tiene conectado en la casa suena. Rápidamente tiene que confirmar que está ahí enviando una foto como prueba. Pero Mariana dice que el teléfono suena en cualquier momento. “A las 2 o 3am, a cualquier hora, me vuelven loca”. Si no responde o algo no funciona, llega el patrullero a verificar.
Para salir a llevar a su hija a la escuela o a un turno con la médica, necesita un permiso especial, que se tramita con el juzgado cada vez que lo necesita, vía su abogada.
“Para todo dependo de alguien. Tengo un almacén al lado donde puedo llamar y la señora, solo porque me conoce y sabe de mi situación, me trae si necesito algo puntual,” explica.
“A veces la nena me pide que la lleve a la plaza, llora y me desespero. Tengo que explicarle constantemente que no puedo. Los fines de semana terminamos las dos solas acá, encerradas. No puedo estar pidiendo favores a la gente todo el tiempo.”
Mujer en prisión domiciliaria muestra la tobillera electrónica en La Plata, Argentina. Mayo 2026 ©Josefina Salomón.
Mariana habla con calma, entre mate y mate hace alguna broma, revisa que las papas que está cocinando en el horno no se quemen. Baja la voz cuando explica algo difícil, de los períodos de depresión, de las estrategias que adopta para ponerse fuerte. Gesticula con las manos para explicar, y hace que la luz que entra por la ventana de la cocina/living reboten contra el brillo de sus uñas largas pintadas a la perfección, lo que quedó de un emprendimiento de manicura que tuvo que cerrar por no poder comprar insumos.
Bajo la ley argentina, cuando una persona está privada de su libertad, como parte del proceso de resocialización, el Estado es responsable de brindar educación, trabajo y oportunidades de revinculación familiar. Esto incluye a las personas que están en arresto domiciliario.
Pero Mariana dice que, por la naturaleza de su causa, no le permiten llevar adelante emprendimientos que impliquen vender productos o servicios.
“Tuve un emprendimiento de venta de artículos de limpieza en un momento y me iba bien y después uno de venta de sándwiches, pero tuve que cerrarlos por mi causa. Este es mi principal problema, no poder generar ingresos para mantener a mi hija y con un Estado que ni me ayuda ni me deja trabajar,” dice.
Mariana dice que no recibe ningún plan social o ayuda por parte del gobierno y que su principal problema es llegar a fin de mes sin poder generar ingresos.
“El contexto económico lo estoy llevando muy mal. Estoy muy deprimida, siento que ni me ayudan ni me dejan hacer nada. Se el error que cometí, pero estoy intentando hacer las cosas mejor. Si no fuera por mi papá y ellas (de la organización) no sé qué sería de nosotras.”
Historias como la de Mariana son cada vez más usuales en Argentina, donde el encarcelamiento de mujeres acusadas de tenencia y microtráfico de drogas, así como el uso del arresto domiciliario ha aumentado en los últimos años. Según los datos más recientes, hay 3.689 mujeres en prisión domiciliaria en el país. Aunque las mujeres representan el 4% del total de la población privada de libertad, el 29% de las personas que están en prisión domiciliaria son mujeres.
Esta población representa el eslabón más débil de la cadena de suministro que alimenta un mercado que no para de crecer en lo que Argentina toma un espacio cada vez más relevante en el mapa criminal de la región.
Pero esta alternativa a la prisión, que en el papel busca descomprimir las cárceles, ahora enfrenta nuevos retos en un contexto de recortes de políticas sociales y deterioro económico generalizado bajo el Gobierno de Javier Milei.
Desde que llegó a la presidencia a finales de 2023, Milei lideró un programa de desguace estatal basado en recortes a programas sociales y servicios públicos que afectaron particularmente a la población más marginalizada de Argentina. Mientras que algunos sectores de la economía, como la minería y el campo registraron crecimiento, el cierre masivo de fábricas y negocios, la precarización laboral y la pérdida de poder de compra, han creado un círculo vicioso que impacta a toda la población pero particularmente en los barrios populares.
Para las mujeres que están en prisión domiciliaria, explican expertas, esto puede implicar desde vivir atrapadas en una casa dependiendo de una pareja violenta hasta quedar vulnerables a las mismas actividades que las llevaron a la prisión en primer lugar.
Macarena Fernández Hofmann, coordinadora del equipo de política criminal y violencia en el encierro del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), dice que las alternativas a la prisión son, en general, una buena política, pero advierte que “no puede ser a cualquier costo”.
“Si se va a aplicar la prisión domiciliaria, tiene que estar acompañada de políticas que no impliquen llevar a las mujeres a una situación de mayor vulnerabilidad. ¿Cómo se realiza eso? Empezando por tener políticas de sostenimiento económico de esas familias”, explica.
“La cárcel está llena de mujeres acusadas de vender drogas para sobrevivir, pero los verdaderos narcos están caminando libres,” dice Amarilis, del MTE, y empieza a citar casos de personas que conoce. La lista es larga.
Expertos explican que el aumento de venta de drogas al menudeo responde a un deterioro económico y social en Argentina y al recorte de programas sociales que intentaban sostener a comunidades vulneradas.
Andrea*, 53, perdió su trabajo limpiando casas hace poco menos de dos años. Después de meses de buscar sin suerte, aceptó la oferta de un transa de su barrio para vender droga. No duró mucho. Al poco tiempo terminó presa y después de un año en un penal, le aceptaron el pedido de cumplir su condena de cuatro años en su casa, donde cuida a su mamá, que tiene 86 años y es discapacitada. Ahora vive con ella, su hermano, dos sobrinos y un sobrino nieto. Dos perdieron sus trabajos y la plata no alcanza. Ahora, conseguir trabajo es más difícil que antes.
“Estar en el penal fue un infierno, pero ahora en casa no tengo apoyo de ningún lado. No tenes comida, ni apoyo, ni nada. Me habían salido dos trabajitos para ir a limpiar casas y le hable a la abogada. Ella le pidió todos los datos de la señora y dijeron que tenía que ir ella a hacer el trámite y ya se cayó eso”, dice, llorando.
Confinadas en sus casas y con necesidades, mujeres como Andrea vuelven a ser presas fáciles de los narcos del barrio que al verlas sin opciones, vuelven a ofrecerles vender, desde sus casas.
Taller para mujeres en prisión domiciliaria y liberadas organizado por el Movimiento de Trabajadores Excluidos en La Plata, Argentina. Mayo 2026. ©Patricio A. Cabezas.
Amarilis Alayo, una de las referentes del MTE, llegó a la Argentina hace 30 años junto a su mamá y a su entonces pequeña hermana. Estudió enfermería y tuvo muchos trabajos hasta que en 2018 quedó involucrada en una causa por tenencia de estupefacientes, junto a su hermana. Salió en 2022.
Dentro del penal donde estaba detenida entró en contacto con Atrapamuros, una organización que organiza talleres en cárceles.
“Ellos ayudaba a mi mamá, era la época del covid y le llevaban alimentos y artículos que limpieza porque ella ya era una mujer grande y cuidaba a mis dos sobrinos. Un día fueron con alguien del MTE y me impresionó cómo se organizaban, como salían adelante, me pareció muy reivindicativo todo y ahí decidimos unirnos,” dice Amarilis.
Su teléfono no para de sonar. Llamados, notificaciones de mensajes. La mayoría son mujeres con preguntas: cómo gestionar un pedido de salida, cómo tramitar una solicitud de domiciliaria, alguien le pide ayuda para una mujer que está sola y necesita que la visiten. Amarilis tiene una respuesta para cada una.
Los años de experiencia, dentro del sistema y como activista, le dan el conocimiento y credibilidad que la transforman en referente.
“El problema es que el servicio penitenciario se lava las manos de las mujeres que están en arresto domiciliario, aunque no deberían. Aun cuando están en sus casas, las personas siguen teniendo los mismos derechos que las que están en el penal: a la salud, a la educación, a trabajar. Pero en la realidad eso no existe. Un juez te da la domiciliaria y después el mensaje es ‘arreglate como puedas’. Es como si cuando entras en el sistema penitenciario, perdés todos tus derechos,” explica.
En respuesta a estas fallas, mujeres de la rama que agrupa a personas libertadas del MTE, armaron un grupo que, cada dos semanas visita a mujeres que están detenidas en sus casas en zonas marginalizadas. Les llevan bolsones con alimentos y se quedan para una charla “las dos son importantes”, dice Amarillis.
“La domiciliaria funciona si tenes una red de apoyo. Por esto hay casos de personas que dicen que están mejor dentro del penal. Conocemos de casos de personas que han vuelto. Natalia, una mujer trans que tenía muchos problemas psicológicos y necesitaba un tratamiento urgente, un día agarró sus cosas y volvió a la cárcel, así nos pasó con muchas. Dicen ‘por lo menos en el penal tengo comida’ “, explica.
Rocio Malen Jara hablando en la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. 2026 ©MTE
Es jueves y la inusual tormenta que atravesó la provincia de Buenos Aires en los últimos dos días dejó su marca en La Plata, la ciudad de las diagonales donde las calles llevan números como nombres.
El colectivo 86 se detiene en la esquina de la Avenida 44 y la Calle 143 y espera paciente que bajen unas diez personas.
En la esquina se forma un grupo de gente.
— Silvia*!, grito.
Se da vuelta y sonríe; me agarra del brazo, “vamos, vamos, que no queremos llegar tarde”.
Es el segundo jueves que a Silvia, de 53 años, y en arresto domiciliaria, le permiten una salida. Dice que es el mejor momento de la semana, la hora y media que tiene de viaje en dos colectivos para ir y volver al centro de reciclaje y capacitación del MTE.
Ahí participa de un diplomado, aprende y se ve con otras personas. Le ayuda a avanzar en el camino de la resocialización.
Silvia está en prisión domiciliaria desde febrero de 2025, esperando que termine su proceso. La acusan de participar en venta de estupefacientes después que, a través de escuchas telefónicas, la policía identificara su casa como un punto de venta. Ella dice que la pareja de uno de sus hijos, que vivían con ella, lideraba el negocio que manejaban mientras ella trabajaba en limpieza a la mañana y en una empresa de seguridad a la noche.
“Yo venía trabajando mucho, a todas horas, para terminar mi casa, poner las baldosas al piso, terminar las ventanas. Todo esto me arruinó la vida, yo nunca había tenido ningún problema de nada,” nos dijo cuando la visitamos.
Dice que su principal problema es económico, lo que dicen todas. Que no puede trabajar, que tiene que arreglarse sola y que las únicas que la ayudan son organizaciones como el MTE.
“Para la ley, no somos nada,” explica. “Estamos condenadas al abandono. Solo me siento acompañada cuando vienen las chicas del MTE y cuando vengo acá.”
“Acá” es un galpón gigante. El espacio está dividido en varias zonas. De un lado, una gran cooperativa de recicladores, con pilas de cartones y botellas. Del otro hay máquinas de coser, grandes mesas y un espacio de reunión, donde se hacen los talleres.
Todas las participantes llegan puntuales, cada una pone algo en la mesa: budines, panes o galletitas que hicieron en casa, los termos y los mates, alguna botella de jugo. Para algunas de las participantes esta es la única salida semanal, otras ya recuperaron la libertad y están en el camino de reconstruir sus vidas.
En el taller hablan sobre los roles de mujeres y hombres y como cada uno los cumple. Las diferencias entre las mujeres que están en contexto de encierro y las que están en libertad.
“Este espacio es muy completo, tenes compañeros que pasaron por la misma situación que vos y por eso saben cómo acompañarte,” dice Abril Quintros, 21 cuya mamá estuvo presa en un penal y luego en arresto domiciliario. Ambas ahora participan de este espacio.
Todas comparten sus experiencias, todas hablan de cómo las afectan los recortes a los programas sociales y la situación económica, el avance del narco en el barrio, del narco que ahora también hace de prestamista, de las deudas.
Pero estos espacios también sufren la crisis.
Mujer miembro de una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos trabaja en el centro de la organización en La Plata, Argentina. Mayo 2026. ©Patricio A. Cabezas.
Desde organizaciones como el MTE y Esquina Libertad, una cooperativa de producción gráfica y audiovisual que trabaja con población que estuvo o está en situación de encierro, dicen que la retracción económica está haciendo estragos dentro de sus proyectos productivos.
“Milei dice que la gente se tiene que rearmar en términos productivos, pero hay una enorme caída de ventas, de producción, ¿cómo quiere que nos rearmemos en este contexto?. Siempre nos estamos reinventando, pero desde hace un tiempo todo es muy difícil,” dice Ayelen Stoker, una de las fundadoras de Esquina Libertad.
Stoker dice que el problema es que el gobierno no ve el beneficio de invertir recursos en la población que pasó por la cárcel, aun cuando la experiencia muestra que cuando hay espacios educativos y productivos, la tasa de reincidencia disminuye.
Como el MTE, Esquina Libertad hace un acompañamiento territorial de personas que están en arresto domiciliario o han sido recientemente liberadas y se enfrentan tanto a las consecuencias del abandono del estado como al avance de las organizaciones que controlan el narcomenudeo.
“La situación en los barrios está muy mal, muy muy mal. Seguimos viendo como el narco va ocupando espacios que el estado va dejando, cada vez más. En los barrios, el Estado solo aparece para criminalizar, no propone otra cosa que la cárcel y eso es terrible cuando en la situación actual para muchos vender droga aparece como la única opción, aunque sea una mala opción,” explica Stoker.
El ingreso del narco tras el retiro del Estado es lo que Rocío Malen Jara, 28, quien experimentó el arresto domiciliario, es parte del MTE y trabaja en la dirección de acompañamiento universitario en cárceles de la Universidad de La Plata, llama un círculo vicioso.
“Cuando el narco se entera que estás de nuevo en el barrio, aunque estés en domiciliaria, va y te ofrece una bolsa (de droga) para que te pongas a vender y así sustentar a tus pibes, darles de comer. Y muchas en medio de la desesperación entran en eso y vuelven al mismo sistema. Es por esto que las pibas necesitan poder tener salidas para ir a un taller, para ir a una cooperativa y trabajar”, dice.
En La Plata, Mariana, que logró el permiso para asistir al taller, escucha con atención y toma notas, comparte sus experiencias.
“Quiero poder conseguir un trabajo estable para poder seguir criando a mi hija y darle lo mejor. No quiero volver a hacer lo que hacía para poder sobrevivir. Quiero enfocarme en poder trabajar, en un futuro tener mi lugar con mi hija, tratar de salir adelante,” dice.
“Quiero que mi hija vea otras cosas de mí,” explica y sube al colectivo para volver a su casa, hasta la próxima salida.
*Algunos nombres fueron cambiados para proteger la seguridad de las personas.
Una versión resumida de este reportaje fue publicada en El País.
Amarilis Alayo del Movimiento de Trabajadores Excluidos en su centro de trabajo y capacitación en La Plata, Argentina. Mayo 2026 ©Patricio A. Cabezas
