Bajo la nueva ley, el juez a cargo del caso puede considerar otras opciones al encarcelamiento como alternativas para reparar el daño. Estas van desde la detención domiciliaria, la libertad asistida, la libertad restringida con dispositivos electrónicos, el trabajo comunitario y hasta abordajes más integrales como la justicia restaurativa para mujeres sin prontuario de delitos previos.

“Cuando comenzamos a revisar los casos de delitos relacionados con drogas en 2012 detectamos que el 98 por ciento de las personas acusadas eran mujeres cabeza de familia en situaciones de gran vulnerabilidad”, dice Zhuyem Molina, profesora, jueza, y exdefensora pública en Costa Rica, quien fue parte del proceso de redacción de la ley.

“Cuando comenzamos a entrevistarlas, todas hablaban de hambre, de coacción producto de las condiciones de vulnerabilidad que tenían. Cuando logramos darle criterio científico, técnico y respaldar con estudios el proyecto de ley, logramos poner esos factores en la mesa y le pusimos humanidad a un perfil de narcotráfico que por mucho tiempo no tuvo rostro.”

En Costa Rica, como en muchos países, las mujeres tienden a jugar dos tipos de roles en el mundo criminal, en particular dentro de las organizaciones que trafican drogas. Por un lado, están aquellas que lideran organizaciones, en quienes tienden a recaer las tareas de logística y finanzas. Y están las que juegan roles más pasivos, invisibles, de transporte al menudeo, por ejemplo. Estas últimas son, según las expertas, quienes tienen a ser más criminalizadas. 

“Cuando yo les preguntaba a las mujeres ‘¿Por qué no dijo que este tipo la tenía amenazada’, ellas me decían ‘Cómo voy a hablar si esa era la persona con la que yo dormía, quien, con una llamada, daba una orden y luego yo aparecía muerta? Si yo asumía ese riesgo, ¿Quién iba a cuidar a mis hijos?’”, explica la abogada.

Dos meses después de la promulgación de la ley, más de 120 mujeres salieron de la cárcel y se reunieron con sus hijos. Más de una década después, muchas continúan beneficiándose. 

Erenia es una de ellas. Cuando la condenaron por tráfico de drogas en 2022, la abogada que el Estado le asignó solicitó que se aplicara un proceso de justicia alternativa por sus condiciones de vulnerabilidad. 

El juez a cargo del caso resolvió que Erenia recibiera tratamiento para ayudar con sus adicciones y luego brindara servicios a la comunidad durante dos años. Hoy vive con el menor de sus hijos y dice que tiene una red de contención. 

“Siempre quise cambiar mi vida y dejar las drogas, pero no tenía a nadie que me ayudara”, explica. “La justicia restaurativa es una fuente de beneficio para muchas personas. A veces creen que no nos merecemos una segunda oportunidad, y este sistema nos permite demostrar que somos capaces de reparar nuestro daño de otra manera, convertirnos en una persona de bien”.

La historia de Erenia se repite una y otra vez, aunque no siempre con el mismo final.

La primera vez que a Berta Robles (no es su nombre real), originaria de Nicaragua, le ofrecieron ingresar drogas en la cárcel, no lo pensó dos veces. Después de vivir en Costa Rica sin papeles durante 20 años, sobreviviendo con el trabajo sexual para mantener a sus cinco hijos, la oferta de ganar más dinero fue demasiado tentadora para rehusar. El hombre que la convenció le dijo que ingresar la droga sería fácil.

“Yo no estaba hecha para eso, los guardias se dieron cuenta enseguida”, recuerda ahora.

Por su condición de vulnerabilidad, le aplicaron la ley alternativa y la enviaron a casa. Pero la deuda que acumuló con quien le había dado la droga la dejó en una situación más vulnerable que en la que estaba antes. Volvió a intentarlo. En 2019 fue condenada a seis años de cárcel. Hoy comparte una celda con otras 25 mujeres, lejos de sus hijos.

“Solo quiero salir de aquí, la cárcel no es el mejor lugar para cambiar,” dice.